Patricia García Barradas
Xalapa, Ver.- Habitantes de comunidades de los municipios de Coatepec y San Andrés Tlalnelhuayocan denunciaron una crisis ambiental y de salud pública derivada del uso de plaguicidas en cultivos de papa en la región, situación que ya ha provocado afectaciones directas en menores de edad, contaminación de fuentes de agua y el cierre de un plantel educativo desde hace tres años.
A través de un comunicado, pobladores de localidades como El Naranjo, Otilpan, Xolostla, Mesa Chica, Zoncuantla, Capulines, Xocotla, Rancho Viejo y Tejocotal señalaron que el pasado 29 de marzo se reunieron frente a la escuela primaria “Adolfo López Mateos”, en la comunidad de El Naranjo, espacio que describieron como símbolo del abandono institucional frente a los daños ocasionados por la exposición a agroquímicos.
De acuerdo con la información, el plantel permanece cerrado desde hace tres años luego de que estudiantes y personal docente resultaran afectados por la fumigación constante de cultivos de papa ubicados en las inmediaciones.
Los habitantes afirmaron que en lugar de suspender las aplicaciones de sustancias químicas, la autoridad optó por cerrar la escuela, la cual continúa sin operaciones.
Los denunciantes advirtieron que en la cuenca alta del río La Antigua el cultivo de papa con uso de agrotóxicos se ha expandido de manera acelerada en los últimos 14 años de forma más intensa en el último quinquenio.
Señalaron que esta actividad agrícola se realiza en terrenos que originalmente no estaban destinados a ese cultivo, desplazando sistemas productivos tradicionales como el café de sombra, granos básicos, agroforestería y la producción de especies acuáticas como trucha, que dependen de agua limpia.
Las comunidades expusieron que los sembradíos se encuentran en algunos casos a escasos metros de viviendas, escuelas y fuentes de abastecimiento de agua, lo que ha generado aseguran contaminación del aire, suelo y recursos hídricos, además de afectaciones a flora y fauna local.
En el aspecto sanitario, los habitantes reportaron un incremento de enfermedades en la población, particularmente en niñas y niños, con casos de asma, trombocitopenia, trastornos hormonales y padecimientos respiratorios.
También mencionaron la presencia de tumores en adolescentes que han requerido intervenciones quirúrgicas, así como malestares recurrentes en familias expuestas a las fumigaciones.
Ante está situación, se suma el desplazamiento de familias que han abandonado sus hogares ante la imposibilidad de permanecer en zonas donde la exposición a químicos es constante, lo que ha provocado separación de núcleos familiares.
Los pobladores subrayaron que la problemática no es aislada, ya que la subcuenca afectada abastece aproximadamente el 38 por ciento del agua que Xalapa, por lo que consideraron que se trata de un asunto de impacto regional.
Señalaron además que las autoridades municipales carecen de capacidad operativa, mientras que instancias estatales y federales como la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, la PROFEPA y los servicios de salud no han logrado establecer mecanismos de vigilancia y atención adecuados.
Ante este panorama, las comunidades exigieron que el Gobierno de Veracruz declare una emergencia sanitaria y ambiental en la región, al considerar que existen evidencias suficientes de intoxicaciones, contaminación del agua y desplazamiento de población.
Entre sus principales demandas también solicitaron la aplicación del principio precautorio, una suspensión inmediata al uso de plaguicidas cerca de poblaciones y cuerpos de agua, vigilancia epidemiológica activa, capacitación médica para detección de intoxicaciones por agroquímicos, así como la reapertura de la escuela primaria “Adolfo López Mateos” bajo condiciones seguras.
Pidieron la remediación de suelos contaminados, la instalación de una mesa interinstitucional con participación de los tres niveles de gobierno y comunidades afectadas, la implementación de programas de transición agroecológica que permitan a productores abandonar gradualmente el uso de sustancias químicas sin afectar su economía.
“La escuela sigue cerrada, los niños siguen enfermos y el agua continúa contaminada”, señalaron los habitantes, quienes afirmaron que continuarán organizándose para exigir la intervención de las autoridades.
Finalmente, reiteraron que los productores tienen derecho a trabajar y sostener a sus familias, insistieron en la necesidad de políticas públicas que ofrezcan alternativas productivas seguras y sustentables.
