Viridiana Reyes | De Forma y Fondo
Dos semanas después de que la Fiscalía General de la República atrajera el caso de la privación de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, comenzaron a aparecer los primeros resultados concretos: seis personas detenidas, entre ellas un presunto líder delincuencial, una mujer y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
La noticia, por sí sola, es relevante. Pero más relevante aún es lo que revela.
Durante años, en Veracruz se ha vuelto costumbre que los casos de alto impacto terminen atrapados entre declaraciones políticas, señalamientos partidistas y disputas de competencias. Esta vez, al menos hasta ahora, la ruta parece distinta. La coordinación entre la FGR, la Fiscalía estatal, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública permitió ejecutar operativos simultáneos y obtener resultados en un plazo relativamente corto.
Porque cuando las instituciones trabajan juntas, los resultados llegan. Cuando se privilegia la investigación sobre el protagonismo político, las cosas avanzan.
Sin embargo, el dato que más llama la atención no es la captura del presunto generador de violencia que operaba en la zona sur del estado. Lo verdaderamente delicado es que entre los detenidos aparezcan mandos y elementos de una corporación policial municipal.
Y aquí es donde el asunto deja de ser únicamente policiaco para convertirse también en un tema político.
La infiltración de corporaciones municipales por grupos delincuenciales no es un fenómeno nuevo en Veracruz, pero cada caso confirmado representa una sacudida a la confianza ciudadana. Porque si quienes deben proteger a la población terminan siendo investigados por participar o colaborar en delitos, el daño institucional es profundo.
También resulta significativo que fuera el propio Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste quien confirmara públicamente que entre los detenidos se encuentra el comandante de la Policía Municipal y tres elementos más. Un reconocimiento obligado por las circunstancias, pero que exhibe la gravedad de lo ocurrido.
Por supuesto, corresponde a los jueces determinar responsabilidades. La presunción de inocencia debe respetarse para todos. Pero una cosa es el proceso judicial y otra muy distinta la realidad política que empieza a dibujarse.
Hoy hay un presunto líder criminal fuera de circulación y cuatro policías municipales tras las rejas. Los hechos ocurrieron en municipios gobernados por Movimiento Ciudadano, aunque sería un error convertir este caso en un debate de colores partidistas. La delincuencia organizada no pide credencial de partido para infiltrarse.
La verdadera prueba será comprobar hasta dónde llegan las investigaciones. Si se quedan en los eslabones más visibles o si alcanzan a quienes permitieron, toleraron o simplemente ignoraron lo que estaba ocurriendo.
Porque la justicia sólo tiene valor cuando llega completa.
Y porque en Veracruz, más que discursos, lo que la gente espera son resultados.
